El diputado Hans Marowski confirmó este lunes que el Partido Nacional Libertario impulsará una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera. La medida surge tras un informe de la Contraloría General de la República que reveló gestiones telefónicas desde el Ministerio para agilizar el procedimiento médico de la madre de la exfuncionaria. La bancada parlamentaria ya cuenta con un texto avanzado y espera reunir las firmas necesarias para presentar la demanda formalmente ante la Cámara de Diputados.
Según los hallazgos oficiales, el jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera, habría realizado llamadas para influir en la celeridad de la atención hospitalaria. Estas acciones habrían permitido que la paciente ingresara al sistema público con mayor prioridad que otros pacientes en la lista de espera vigente. La documentación indica que hubo coordinaciones internas tras la advertencia anticipada de la llegada de la paciente al centro médico.
Marowski explicó durante un punto de prensa que la decisión busca proteger la probidad administrativa y el cumplimiento de los deberes constitucionales vigentes. Señaló que existe la obligación de denunciar a los subordinados que incumplen sus funciones, especialmente cuando se prioriza a familiares sobre ciudadanos vulnerables. La colectividad evaluó la situación detenidamente antes de anunciar esta medida legal en contra de la exministra de la cartera sanitaria.
El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, enfatizó la gravedad de los hechos durante la misma rueda de prensa institucional. Kaiser recordó que una persona murió mientras esperaba asistencia médica, lo que subraya el impacto social de saltarse la lista de espera sanitaria. Destacó que levantar un teléfono para modificar prioridades sanitarias no es un hecho menor en el contexto del sistema de salud público chileno.
Los hechos que motivan la acusación ocurrieron en la mañana del 23 de diciembre pasado, cuando la madre de la exministra ingresó de urgencia al Hospital del Salvador. La paciente presentaba una fractura de cadera que requirió intervención quirúrgica inmediata dentro del establecimiento de salud estatal. El procedimiento se realizó diez horas después del ingreso inicial, según los registros médicos disponibles y confirmados por fuentes médicas.
La polémica se intensificó cuando se hizo público que el asesor del Ministerio de Salud habría llamado para informar la llegada de la paciente antes de su ingreso físico. Esta comunicación derivó en coordinaciones internas que supuestamente facilitaron la rapidez del proceso quirúrgico en el hospital universitario. La situación puso a la exministra en el centro de un escándalo por posible atención preferente en el sector público.
La acusación constitucional representa una herramienta legal diseñada para procesar a altos funcionarios públicos por infracciones a la Constitución o la ley vigente. Su aprobación requerirá el voto favorable de la Cámara de Diputados para que el caso llegue al Senado y sea juzgado políticamente. Este mecanismo busca garantizar que los ministros cumplan con los estándares éticos exigidos en sus cargos de alta dirección.
El Ministerio de Salud ha mantenido una postura cautelosa respecto a las investigaciones internas que se derivaron de este caso específico. Las autoridades sanitarias deben esperar los resultados de la Fiscalía para determinar la responsabilidad penal de los involucrados directamente. Mientras tanto, el proceso político en el parlamento avanza con la intención de sancionar la conducta administrativa de la exfuncionaria.
Este incidente resalta los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de salud chileno en materia de equidad y acceso a servicios médicos esenciales. La percepción de trato preferencial puede erosionar la confianza pública en la gestión sanitaria del Estado y sus instituciones relacionadas. La sociedad civil vigila de cerca cómo se resuelven estos conflictos de interés en las instituciones públicas durante tiempos electorales.
Los próximos pasos dependen de la recolección de firmas y el debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Congreso nacional. Si se aprueba la acusación, el Senado evaluará la remoción de la exministra de su cargo público y sus responsabilidades legales. El caso servirá como precedente para cómo se juzgan las conductas de probidad en el Ejecutivo y los ministerios del país.
