Miembros del Parlamento francés han exigido una explicación formal tras revelarse que una subsidiaria de Capgemini, la multinacional francesa de servicios digitales, firmó un contrato multimillonario para apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la localización y expulsión de migrantes. La controversia se centra en los servicios de "skip tracing", una técnica de localización de personas, que se complementa con bonificaciones significativas por resultados exitosos.
El Observatoire des Multinationales, una organización de vigilancia corporativa, destapó que Capgemini Group Solutions (CGS) acordó un contrato de 4.8 millones de dólares con la oficina de Cumplimiento de Detenciones y Remociones de ICE. El documento especifica que CGS proporcionará servicios de rastreo con bonificaciones de hasta 365 millones de dólares por identificar y localizar extranjeros con éxito, lo que ha intensificado el escrutinio político.
La ministra de Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, declaró que los contratos de los grupos franceses merecen un examen minucioso, enfatizando que el respeto a los derechos humanos es un asunto central. Por su parte, el ministro de Economía, Roland Lescure, comunicó a la Asamblea Nacional que instó a Capgemini a aclarar sus actividades con total transparencia y a cuestionar la naturaleza de dichos servicios.
Capgemini confirmó que su filial estadounidense firmó el contrato en diciembre, aunque afirmó que aún no había entrado en vigor y que la empresa matriz recién estaba al tanto de la naturaleza exacta del acuerdo. Un ejecutivo de la compañía admitió que el contrato generaba "preguntas legítimas", pero argumentó dificultades para obtener detalles operativos debido a las regulaciones estadounidenses.
El sindicato CGT en Capgemini ha pedido la suspensión inmediata de toda colaboración con ICE, calificando estas asociaciones como contrarias a los valores de la empresa y como complicidad activa en violaciones graves de derechos humanos. Previamente, una página web de la compañía, ya eliminada, destacaba su trabajo conjunto con las operaciones de deportación de ICE para reducir tiempos y costes.
Esta situación se produce en un momento de alta sensibilidad para ICE, que enfrenta un intenso escrutinio público tras incidentes recientes en Minnesota. La presión política en Francia busca establecer límites claros sobre la participación de corporaciones nacionales en operaciones de seguridad y migración extranjeras sensibles.
El ministro Lescure indicó a la compañía que sus explicaciones iniciales eran "no lo suficientemente buenas", reiterando su exigencia de una transparencia exhaustiva sobre la política y las actividades de CGS. El futuro de los 13 contratos actuales que Capgemini mantiene con ICE queda ahora bajo revisión gubernamental y corporativa.
