La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó por votación a viva voz la divulgación de documentos que detallan el nombramiento del príncipe Andrés como enviado especial de Comercio Internacional. Esta acción legislativa busca transparencia en relación con el rol que el hermano del rey Carlos III desempeñó durante casi una década, periodo durante el cual se sospecha que pudo haber compartido información gubernamental sensible con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.
La moción fue presentada por Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, quien argumentó que el caso constituye un escándalo de alcance global con profundas raíces en el establishment británico. Aunque el gobierno laborista apoyó la petición, la publicación exacta de los archivos no tiene una fecha definida, especialmente considerando que el expríncipe fue detenido la semana pasada bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.
El ministro de Comercio, Chris Bryant, respaldó la solicitud en el Parlamento, calificando al príncipe Andrés como alguien en una constante búsqueda de engrandecimiento personal. Documentos previamente conocidos sugieren que el entonces príncipe pudo haber transmitido información confidencial a Epstein antes de su suicidio en 2019. Este desarrollo coloca al príncipe Andrés bajo un escrutinio significativo y ha generado 11 horas de interrogatorio policial.
Analistas citados por AFP sugieren que el nombramiento del príncipe en 2001 fue impulsado por figuras políticas como Peter Mandelson, quien entonces era ministro de Industria y Comercio bajo el primer ministro laborista Tony Blair. Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein también han puesto presión sobre el actual primer ministro, Keir Starmer, aunque este ha reiterado que su gobierno se mantiene fuerte y unido.
Para México, este tipo de escándalos en monarquías europeas refuerzan la percepción internacional sobre la necesidad de mayor rendición de cuentas en las estructuras de poder, incluso en aquellas con componentes ceremoniales. La transparencia exigida en Londres se alinea con las demandas internas de mayor escrutinio sobre funcionarios públicos en América Latina.
La aprobación parlamentaria marca un paso firme hacia la apertura de registros que podrían clarificar el alcance de la influencia del príncipe Andrés y la posible filtración de datos sensibles a terceros. El gobierno ha indicado que su prioridad es no obstaculizar la investigación penal abierta contra el expríncipe.
Se espera que los documentos, una vez publicados, ofrezcan mayor contexto sobre las responsabilidades y las comunicaciones del príncipe Andrés durante su función comercial, afectando potencialmente la imagen de la Corona británica a nivel global.
