MINNEAPOLIS. La economía de Minnesota experimentó un paro significativo el viernes, impulsado por una coalición de sindicatos, líderes religiosos y organizaciones comunitarias que implementaron un boicot bajo el lema “sin trabajo, sin escuela, sin compras”. La protesta, denominada el “Día de la Verdad y la Libertad”, es una respuesta directa al incremento de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, agudizado por el reciente tiroteo de una mujer desarmada por un agente federal.
El impacto económico del paro fue palpable. Cientos de negocios locales cerraron en señal de solidaridad, y miles de trabajadores se ausentaron de sus empleos. Instituciones culturales clave, incluyendo el Walker Art Center y el Museo de Ciencia de Minnesota, suspendieron sus actividades. La medida refleja una escalada en la resistencia civil contra la política migratoria federal en un estado habituado a condiciones climáticas extremas, manifestándose a pesar de temperaturas bajo cero.
Las demandas de los manifestantes son claras y van más allá de la condena del incidente fatal: exigen la retirada total de ICE de Minnesota, la rendición de cuentas legal del agente involucrado en la muerte de Renee Good, el cese de la financiación federal adicional para la agencia, y una investigación exhaustiva sobre presuntas violaciones constitucionales y de derechos humanos por parte de ICE.
La movilización incluyó acciones coordinadas en puntos neurálgicos. Cientos de líderes religiosos fueron arrestados durante una protesta en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, un centro clave para vuelos de deportación. Simultáneamente, sindicatos universitarios en el sistema de la Universidad de Minnesota presionaron por el cierre de campus, citando la detención reciente de estudiantes internacionales a pesar de órdenes judiciales previas.
Geopolíticamente, la situación subraya una creciente tensión entre la administración federal y las economías estatales ancladas en mano de obra diversa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reportado 3,000 arrestos en las últimas seis semanas en Minnesota, desplegando 3,000 agentes y poniendo a 1,500 efectivos del ejército en alerta, una militarización que los organizadores consideran un ataque directo a sus comunidades.
El respaldo institucional local fue significativo, con el consejo municipal de Minneapolis endosando la jornada de acción. Mientras el DHS justifica sus operativos citando la remoción de individuos con antecedentes penales, datos nacionales indican que la mayoría de los detenidos no poseen historial criminal. Este enfrentamiento en Minnesota se perfila como un punto focal en el debate sobre la soberanía estatal frente a la ejecución de la ley migratoria federal y sus costos operativos y sociales.
Fuente: Adaptado de reportes iniciales de The Guardian.