De acuerdo con El Universal, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación tras la denuncia por la desaparición de siete personas en el municipio de Matehula. Las autoridades confirmaron que se perdió contacto con los hombres el pasado 21 de marzo durante su jornada laboral. Inmediatamente, agentes iniciaron las indagatorias para localizar a los trabajadores desaparecidos.
Para reforzar las labores de búsqueda, desplegaron un operativo terrestre y aéreo con más de 500 elementos de seguridad. Este contingente incluye personal del Ejército y de la Guardia Civil Estatal en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Las unidades realizan recorridos con apoyo de vehículos todo terreno y dos helicópteros sobre el terreno.
Las personas no localizadas son electricistas originarios del municipio de Cárdenas que laboraban en distintos puntos del altiplano potosino. La fiscalía compartió fichas de búsqueda con los nombres completos de los siete hombres involucrados en el caso. Hasta antes del anuncio oficial, no se habían emitido documentos públicos sobre su identidad.
Previo a la intervención oficial, familiares denunciaron la situación en redes sociales durante la última semana. Según los testimonios, los trabajadores mantenían comunicación constante con sus seres queridos hasta la mañana del sábado. Desde entonces, no se ha tenido información verificable sobre su paradero exacto.
Una tercera persona alertó a las familias sobre una posible privación de la libertad, aunque las autoridades no han confirmado estos datos. Los familiares recibieron apoyo mediante recursos para alimentación y hospedaje en Matehuala desde la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. También brindan asesoría y acompañamiento jurídico para la presentación de denuncias.
Este incidente ocurre en una región donde la seguridad ha sido un tema recurrente para los operadores económicos locales. La falta de certeza jurídica en estados como San Luis Potosí genera preocupación entre las empresas que operan en la frontera. El clima de inseguridad afecta directamente la percepción de riesgo para la inversión.
El caso resalta la necesidad de protocolos claros de respuesta ante desapariciones en zonas rurales y zonas industriales. Las autoridades deben garantizar que los recursos se asignen de manera eficiente para recuperar a las víctimas con vida. El avance de la investigación determinará si se trata de un crimen común o una estructura delictiva organizada.
