La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó el mecanismo arancelario impuesto por la administración presidencial bajo la Ley de Emergencias Económicas Internacionales (IEEPA), resolviendo el 20 de febrero de 2026 que dicha facultad reside exclusivamente en el Congreso. Este fallo pone fin a la imposición de tarifas recíprocas y aquellas vinculadas a la contención del fentanilo, según reportó Expansion.mx.
El desafío legal no provino de gobiernos extranjeros, sino de importadores estadounidenses directamente afectados por el incremento en los costos operativos. Entre los demandantes se encontraban V.O.S. Selections, una empresa importadora de licores, y Learning Resources, fabricante de juguetes educativos, quienes argumentaron que los aranceles alteraban contratos vigentes.
Las empresas señalaron que los costos elevados ponían en riesgo operaciones familiares que dependen del comercio internacional, llevando sus casos primero a la Corte de Comercio Internacional. Los jueces iniciales determinaron que IEEPA no autorizaba la imposición de estos aranceles, una conclusión que fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.
La decisión de la Suprema Corte sostiene que la regulación de importaciones no es equivalente a la creación de impuestos fronterizos, reafirmando la autoridad constitucional del poder legislativo en materia arancelaria. Tras la resolución, Aduanas y Protección Fronteriza suspendió inmediatamente el cobro de los derechos adicionales asociados a IEEPA.
Este dictamen no elimina la política arancelaria estadounidense en general, sino que restringe el instrumento legal específico utilizado para su aplicación reciente. La suspensión del cobro ha abierto discusiones complejas sobre posibles reembolsos y ajustes contractuales para miles de importadores afectados en los últimos meses.
Para México, la anulación de este mecanismo específico reduce la incertidumbre sobre futuros ajustes unilaterales en la política comercial estadounidense, aunque el marco general de las relaciones económicas sigue sujeto a negociaciones bilaterales y a la legislación vigente del Congreso.
